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La Unión Europea considera que todavía no se dan las circunstancias para un diálogo con Venezuela. Es más, percibe que la situación en el país sigue “deteriorándose”. Y ante esa perspectiva ha decidido prolongar un año más las sanciones que vienen aplicándose desde noviembre de 2017. Las “medidas restrictivas selectivas” adoptadas por los Veintiocho se traducen en un embargo de armas y equipos que puedan utilizarse para “la represión interna” y la prohibición de viajar a la UE y la confiscación de posibles bienes que puedan tener en territorio comunitario de 18 cargos oficiales de la Administración de Nicolás Maduro.

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