Foto/Daniel Ortega.

El  miércoles 3 de octubre,  la Cámara de Representantes de los EEUU aprobó la ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como Nica Act. La ley solo espera ahora su ratificación en el Senado y su confirmación por el presidente de los Estados Unidos, fases que parecen aseguradas. De esta manera la aplicación de la ley podría ser una realidad en el corto plazo.

La Nica Act condiciona la aprobación de préstamos al gobierno de Nicaragua por parte de las instituciones financieras internacionales, sin afectar los fondos destinados a proyectos humanitarios, educación, asistencia social y otros similares. Estados Unidos podría usar su poder de veto si considera que en Nicaragua se mantienen las violaciones a los derechos humanos y constitucionales de los nicaragüenses, que no hay elecciones libres y justas, que se continúa obstaculizando el trabajo de los defensores de derechos humanos y que el país no cumple con los compromisos suscritos por el Estado de Nicaragua en la Carta Democrática Interamericana.

Uno de los aspectos esenciales de la ley es el mandato que se hace a las oficinas correspondientes de la administración estadounidense, de elaborar y publicar, en un plazo de noventa días, una lista de funcionarios nicaragüenses involucrados en casos de corrupción y lavado de activos.

En el ámbito internacional, la percepción de la corrupción reinante  en el régimen de Daniel Ortega y de la comisión ilícitos internacionales, ha aumentado de manera contundente en los últimos meses.  Y en los Estados Unidos, se le vincula además, con grandes operaciones de lavado de dinero.  El 12 de septiembre recién pasado, el especialista Douglas Farah, presidente de la firma de consultoría de seguridad nacional IBI Consultants, declaró ante el Comité del Senado sobre Control Internacional de Narcóticos, que “hay elementos claves para la […] infraestructura financiera internacional” de las FARC (Colombia) y entre ellos mencionó a ALBA Petróleos  de El Salvador y a Albanisa de Nicaragua, filiales de la empresa estatal venezolana  Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La empresa Albanisa, fue creada  en 2007, como consecuencia del ingreso de Nicaragua a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), para manejar las operaciones de importación de petróleo amparadas en el convenio Petrocaribe.  Es manejada directamente por el círculo de negocios de Daniel Ortega, aunque el 51% de sus acciones están a nombre de PDVSA.  El vicepresidente de la empresa es el tesorero del FSLN, presidente de la empresa Petronic que distribuye combustible, del grupo de negocios de la familia Ortega y, hace un par de meses fue nombrado como presidente de la Empresa Nicaragüense de Minas, una entidad estatal para el sector.

En nueve años Albanisa ha  experimentado un crecimiento exponencial y ha extendido sus operaciones a las más diversas ramas de la economía nicaragüense, incluyendo la explotación forestal, la ganadería, empresas financieras, manejo portuario, empresas exportadoras, turismo y empresas de seguridad.

De acuerdo con el análisis de Farah, el crecimiento de Albanisa solo se explica a partir de extremas irregularidades que llevan a obtener pingües ganancias mediante el lavado de fondos y el involucramiento de “funcionarios venezolanos corruptos y a organizaciones narcotraficantes”. Según el especialista, las filiales centroamericanas de PDVSA en El Salvador y Nicaragua, también estarían involucradas en las operaciones de legitimación de los fondos que acumuló las FARC, vinculadas políticamente al FMLN y al FSLN.

Como consecuencia de las sanciones establecidas contra el gobierno de Maduro en Venezuela que abarcan a PDVSA, la embajada de Estados Unidos en Managua sugirió a empresas de capital estadounidense en Nicaragua, informarse sobre los posibles riesgos o sanciones a los que se exponen al establecer relaciones comerciales con Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa).

Las fuerzas democráticas opositoras nicaragüenses aglutinadas en el Frente Amplio por la Democracia (FAD), en el que participa el MRS, hemos denunciado sistemáticamente desde hace años que el desmontaje de las instituciones en Nicaragua ejecutado por el régimen de Ortega, ha ido aparejado al establecimiento de un sistema de corrupción en cuyo centro se encuentran los negocios de la familia Ortega Murillo, que ha desarrollado vínculos internacionales.  Tal como señalara recientemente el vicepresidente del MRS,  Víctor Hugo Tinoco, la Nica Act  es el resultado directo de los “atropellos” del gobierno de Daniel Ortega a la democracia.

El restablecimiento de la democracia en Nicaragua, el respeto a los derechos humanos y constitucionales de los nicaragüenses, la rehabilitación de la institucionalidad democrática, luchar contra la corrupción y sus vínculos al crimen organizado que arriesgan nuestros países y sociedades, solo será posible si los nicaragüenses logramos la realización de elecciones limpias,  transparentes y competitivas.  Abrir esa puerta es, por ello, nuestra máxima prioridad.

Fuente: P.MRS.-